Corte Suprema debe decidir sobre la prohibición de los 'bump stocks' que convierten armas regulares en ametralladoras
La Corte Suprema escuchó recientemente los argumentos orales en un caso cuya resolución determinará la legalidad de los dispositivos conocidos como bump stocks, o aceleradores de disparos, que básicamente le dan a los rifles semiautomáticos, como el AR-15, la capacidad de funcionar de manera automática.
El caso, que no está relacionado al derecho a portar armas establecido en la segunda enmienda de la Constitución, se originó por una prohibición de la venta de los bump stocks dictada por el Departamento de Justicia en octubre de 2018, poco después de la masacre que acabó con la vida de 60 personas en Las Vegas.
La masacre de Las Vegas
El 1 de octubre de 2017 Stephen Paddock, de 64 años, abrió fuego contra la multitud que asistía al festival de música Route 91 Harvest en el Strip de Las Vegas desde una habitación del piso 32 del Hotel Mandalay Bay.
Gracias a aceleradores adaptados a cuatro de sus rifles estilo AR-15, Paddock logró disparar más de 1,000 balas sobre las personas en menos de 11 minutos, matando a 60 e hiriendo a 413, una capacidad que no habría tenido con las mismas armas en su forma original.
La prohibición emitida por el gobierno de Donald Trump poco después de la masacre establecía que los bump stocks convierten a las armas semiautomáticas en "ametralladoras" según lo define la ley federal, las cuales son armas cuya posesión está prohibida para el público desde 1986.
A pesar de que el incidente de Las Vegas es, hasta el momento el tiroteo masivo más mortífero perpetrado por un solo pistolero en la historia de Estados Unidos, la prohibición no tardó en enfrentar una demanda de nulidad.
Michael Cargill, un vendedor de armas de Texas presentó una demanda en 2019 alegando que la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) del Departamento de Justicia carecía de la autoridad legal para implementar la prohibición, la cual luego de casi cinco años de litigio finalmente llega a manos de la Corte Suprema.
El largo camino hasta la Corte Suprema
El tribunal federal de distrito de Texas donde se inició la demanda falló a favor de la ATF dictaminando que la oficina había clasificado adecuadamente los rifles equipados con aceleradores de disparos como ametralladoras cuando emitió la prohibición.
Un de tres jueces del Tribunal Federal de Apelaciones del Quinto Circuito confirmó la decisión del tribunal inferior, pero una apelación ante el pleno de los jueces de esa corte anuló la regulación, dictaminando en enero de 2023 que era el Congreso y no la ATF el que debe actuar para prohibir el mortal rio.
El Quinto Circuito no fue el único tribunal federal de apelaciones en emitir un fallo sobre la regulación.
El Tribunal Federal de Apelaciones del Sexto Circuito emitió un fallo concordante con el del Quinto Circuito, decidiendo que la definición legal de ametralladora era lo suficientemente ambigua como para invocar el principio legal de lenidad, que obliga a los jueces a interpretar legislaciones poco claras de la manera más favorable para el acusado.
Un de tres jueces de la Corte Federal de Apelaciones para el Circuito del Distrito de Columbia falló unánimemente a favor de la prohibición, en un fallo por una apelación presentada por un grupo de dueños de armas llamado Coalición Para Políticas de Armas de Fuego, afirmando que los bump stocks constituyen ametralladoras según la ley federal.
En abril de 2023, el gobierno de Joe Biden apeló los fallos del Quinto y Sexto Circuito ante la Corte Suprema, argumentando que un rifle semiautomático equipado con un acelerador de disparos satisface la definición de ametralladora según la ley federal.
Por su parte, Cargill y la Coalición Para Políticas de Armas de Fuego también acudió a la Corte Suprema para apelar ante el fallo de la Corte Federal de Apelaciones para el Circuito del Distrito de Columbia.
Qué alegan las partes ante la Corte Suprema
Según Cargill y de la Coalición Para Políticas de Armas de Fuego los aceleradores de disparos no son ametralladoras por dos razones. La primera es que el debe realizar acciones manuales continuas después de activar el gatillo para que ocurran los disparos y la segunda es que el gatillo debe reactivarse después de cada disparo.
Los opositores a la prohibición también alegan que si la Corte Suprema determina que el lenguaje que defina las ametralladoras en la ley federal es ambiguo, los magistrados deben anular la legislación en aplicación de la regla de lenidad.
Una coalición de grupos de activismo contra la violencia armada aboga por la reafirmación de la prohibición de los aceleradores de disparos, argumentando que el único objetivo de su existencia es el de convertir rifles semiautomáticos en ametralladoras.
En un escrito de ‘amigo de la corte’ la coalición explica que cuando un rifle está equipado con un bump stock el del arma sólo necesita apretar el gatillo una vez y el arma disparará continuamente, siempre y cuando la persona mantenga su dedo en el gatillo inmóvil y la presión hacia adelante sobre el barril.
La regla de la ATF, escribió la coalición, es consistente con la lectura de la ley y promueve la decisión del Congreso de prohibir los dispositivos que convierten armas de fuego semiautomáticas en ametralladoras. Según la coalición, durante los últimos 100 años el Congreso ha ampliado repetidamente la definición de "ametralladora" para frustrar los esfuerzos de los fabricantes por eludir la prohibición federal.
Según explicó el abogado litigante principal del Centro Legal Giffords para Prevenir la Violencia Armada, Billy Clark, durante una llamada con periodistas sobre el caso “el Congreso confió a la ATF la capacidad de proteger al público de avances tecnológicos como los aceleradores de disparos, por lo que la ATF actuó directamente dentro de su autoridad cuando emitió la prohibición".
Se espera que la Corte Suprema anuncie su decisión en junio.
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